Por Alen Delonce
A finales del mes de abril el Congreso de Paraguay puso vigente en cinco departamentos del norte lo que se conoce como “estado de excepción” por 30 días. A la orden del día con la famosa “ley antiterrorista” –recientemente votada por el parlamento de ese país-, oficialismo y oposición resolvieron unánimemente a través del Senado dotar a las fuerzas represivas de facultades contrarias al estado de derecho so pretexto de la lucha contra el EPP (Ejercito del pueblo Paraguayo).
Imaginemos por un segundo un país agroexportador con elevado nivel de pobreza en el cual gobierna un presidente de centro izquierda -desfavorecido en el parlamento, amenazado de juicio político por su mismo vicepresidente- que llega al cargo de la mano de una alianza débil prometiendo nada menos que una reforma agraria: Es Paraguay. En este marco situémonos al norte de ese país, en los cinco departamentos donde históricamente se ha concentrado la lucha campesina por la tierra -actual epicentro de la violencia que protagonizan bandas paramilitares, mafias de contrabandistas y narcotraficantes en connivencia con la policía- para hacernos una pregunta casi sencilla: ¿Qué necesitaría Lugo si su necesidad de acentuar el control del estado en la zona comenzara a definir como norte político de su gobierno la antítesis de sus promesas de campaña? La respuesta es casi sencilla también: una buena excusa.
En pocas palabras el Estado de excepción consiste en la reducción casi a cero de toda traba legal que impidiere detener y trasladar a cualquier persona, prohibir reuniones públicas y manifestaciones de cualquier tipo e intervenir en cualquier local público o privado sin la necesidad de una orden del poder judicial. Un “paquete” prácticamente hecho a medida de la delicada relación que mantiene el gobierno con las organizaciones populares en lucha por hacer realidad la promesa de reforma agraria. Es el 3er operativo militar en la región desde noviembre del 2009 y cumplido su plazo los resultados que arrojó no convencen, no pueden convencer, porque 140 detenidos, de los cuales ni uno es del EPP, y 4000 kilos de marihuana incautados difícilmente puedan evidenciar aquella “conmoción interna del estado” que expresa la constitución Paraguaya como requisito necesario para el estado de excepción. Entonces la pregunta obligada: ¿Cual es la razón por la cual 3300 efectivos de la policía y el ejercito no pueden dar con “20 personas que están en el monte”?(1) Pero esta respuesta ya no es tan sencilla.
EL YASY-YATERE ARMADO
El Yasy-Yateré es un duende de la mitología guaraní que merodea a la hora de la siesta y, con un silbido, atrae a los niños que se portan mal para llevárselos al bosque."Yasy-Yateré, se oye pero no se ve", dice el dicho, y la analogía aplicaría al fenómeno del fantasmagórico EPP que por un lado se lo presenta como la razón para militarizar un cuarto de Paraguay, pero que por otro como organización política aun no se le conocen documentos públicos. En las calles cuelgan todavía afiches donde se muestran 25 rostros de supuestos guerrilleros - dos de nacionalidad Colombiana- con la ingeniosa leyenda “EPP, Enemigos del Pueblo Paraguayo”, pero pareciera no ser solo toda la información que las autoridades estarían dispuestas dar, sino toda la que en realidad tienen; mas allá de que se crea que de esos 25 algunos integrarían la cúpula operativa, mientras que otros serían parte de la “red de apoyo logístico" (una categoría tan amplia que incluye desde dar albergue y comida a los perseguidos, hasta traficar armas) (2).
No se puede hablar de un consenso generalizado al respecto de una injerencia real de la guerrilla dentro de la orbita política paraguaya, es más, ni siquiera de su existencia. Las autoridades sostienen que el EPP es un desprendimiento del partido Patria Libre pero las opiniones son encontradas. Dentro del escaso margen de certidumbre se barajan presupuestos varios: desde que son grupos que secuestran y roban asociados a los contrabandistas y “narco-ganaderos” (3), a que son un ejercito que recibe entrenamiento de las FARC y que tiene en el norte “zonas liberadas”. Algunos analistas no descartan que pudiera tratarse de delincuentes que matizan con argumentos políticos sus delitos y que a nivel organización no superen la decena. Pero la versión oficial, por su parte, a cargo del presidente del congreso, Miguel Carrizosa, no escapa de la que difunden los grandes medios atribuyendo al EPP estatus de guerrilla en actividad y relaciones con la FARC colombianas. No obstante los testimonios que trascienden la frontera traen esclarecedores aportes. No olvidemos que la seguridad paraguaya se eleva a la categoría de asunto de estado para Brasil, ni tampoco que antes de la asunción de Lugo, Lula había militarizado la frontera. En este contexto llegan las declaraciones del ministro de defensa de Brasil, Nelson Jobin, quien textuales palabras considera que la guerrilla en Paraguay “es una situación exagerada en términos de prensa” (4) y las del asesor de relaciones internacionales de Lula, Marco Aurelio García, que sostiene que: “esto de la guerrilla paraguaya es una pieza de ficción. Una broma” (5). En las regiones que abarca el estado de excepción (casi un tercio del país) se extienden mayormente las haciendas ganaderas, las grandes plantaciones de soja (que representa el 40% de las explotaciones) y un muy elevado porcentaje de población campesina. El patrullaje de rutas en zona de accesos a las grandes haciendas agrícolas, la requisa y averiguación de antecedentes de todo aquel que las atraviesa son si grandes disuasorias de manifestaciones populares y reclamos colectivos, pero evidentemente no la forma más efectiva de ponerle fin al crimen organizado (y arreglado). A solo dos días de hecha efectiva la disposición, la camioneta en la que viajaba el legislador Paraguayo Robert Acevedo fue interceptada y baleada por sicarios supuestamente relacionados a un cartel de droga, en el dpto. de Juan Pedro Caballero, al noreste de Asunción.
Sin embargo un hecho particular arroja luz sobre lo que se vivió – y podría vivirse en un futuro cercano- en el país. Fue cuando tras la pista de un supuesto miembro del EPP, un grupo de militares tomaron a tiros una comisaría en Hugua Ñandú, Concepción, reduciendo a los policías y teniéndolos varias horas boca abajo a punta de pistola, convencidos de que se trataba de “terroristas”, porque si esta es la suerte que pueden correr policías uniformados que están dentro en una comisaría, podría imaginarse la suerte que correrían manifestantes o activistas sociales por citar un ejemplo.
Desde la cárcel del Buen Pastor, Asunción, una persona ha reivindicado las acciones del Ejército popular como única y autoproclamada portavoz del EPP hasta la fecha, su nombre es Carmen Villalba y esta presa desde 2005. Una vocera con poco margen de maniobra: el que le dejan las rejas y las restricciones penitenciarias. La garantía más genuina que se tiene hasta la fecha de la existencia de dicha organización a la luz de los resultados conseguidos por las fuerzas represivas. Pero Carmen es más que una vocera, su castigo ha cobrado un rol simbólico ya que desenmascara la hipocresía democrática que convierte en “costo político” la vulneración del derecho a la libre expresión que la constitución le garantiza. "Nos pesa tener que restringir el derecho a la libre expresión de una persona, pero preferimos asumir el costo político de esta decisión porque en sus últimas declaraciones ha llamado a sublevarse en las cárceles y a matar a todos los ricos", expresó a BBC Mundo la directora de Institutos Penales, Olga Blanco, ante una solicitud de entrevista con Carmen. (6)
COLOBIANIZACION Y COLOMBIANIZACION
¿Qué se entiende por Colombianizaciòn? Estamos acostumbrados a oír el termino en relación a "esa conjugación infame de guerrilla con narcotráfico"(7), o al accionar “terrorista” de un grupo armado insurgente que demuestra tener vinculación con carteles de la droga. Pero creo que podemos tomar el termino e ir un poco mas allá del linde de los medios masivos para considerar que la desmedida proliferación de bases norteamericanas en América Latina, así como la creciente propensión por las maniobras militares conjuntas, pero sobretodo la indefinida figura jurídica del “enemigo interno” también son parte de esa realidad descarnada que presenta el territorio colombiano.
Si a la hora del “mantenimiento de la paz”, y en vistas del antecedente, nadie es capaz de concebir un “plan Paraguay” -de 1.300 millones de dólares en ayuda militar- no es solo porque la estrategia imperialista encuentra cubiertas en las acciones militares conjuntas -“diseñadas para acaudillar a los ejércitos Latinoamericanos bajo el comando de EE.UU en la represión de la insurgencia interna ”(8)- sus necesidades estratégicas de control, sino porque ese plan ya esta en marcha. Indicio de esto es por ejemplo el flamante “batallón antiterrorista” –que cuenta con armamento que usan las fuerzas especiales Norteamericanas, Colombianas e Israelíes- en actividad desde el pasado 4 de noviembre del 2009. También los 27 oficiales y suboficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía (FOPE) entrenados en el marco del denominado “Primer Curso Internacional de Antisecuestro y Antiextorsión”, que se desarrollo el pasado mes de enero, siendo entregadas las menciones por el mismo presidente Lugo. “Estos intercambios y formación se suman a la serie de efectivos que ya fueron formados entre el 2007 y 2009 en Colombia, incluyendo jueces, fiscales, policías y militares, que la oficina de Seguridad Diplomática de la Embajada de EE.UU desarrolla bajo la denominación “Curso Avanzado de Capacitación en Seguridad”(9). Y como si fuera poco, todo esto bajo la comandancia norteamericana por medio del Programa de Asistencia Antiterrorista (ATA) del Departamento de Estado.
Entonces ¿Como se vinculan; en tren de querer darle un sentido, de querer hacer caber las piezas de este complicado y belicoso escenario Paraguayo: la creciente capacitación de cuño imperialista a elementos ejecutivos civiles y castrenses, el estado de excepción, la ley “antiterrorista” y el discurso oficial, con el movimiento campesino en lucha y su ostensible criminalización?
LA REFORMA AGRARIA (no) PUEDE ESPERAR El pasado 24 de Mayo, a un mes de sancionada la antipopular medida el mismo Lugo anunció en conferencia de prensa que buscaran “la figura legal para que los militares permanezcan de forma permanente en la zona” (10). Y esto no debería sobresaltar a nadie. Menos aún a quien quiera indagar un poco en el pasado reciente para ver –acotadamente- como es el desarrollo de la relación que mantiene el estado paraguayo con las organizaciones campesinas. Esta a las claras que la persecución, la represión y el arresto son algo más que factores comunes.
Paraguay sienta las bases de su economía en el modelo agroexportador, sin embargo presenta una fisonomía sesgada por las contradicciones propias del sistema y esto se ve reflejado en dos grandes indicadores: la distribución del ingreso y el índice de concentración de la tierra. Por un lado Paraguay es el país Latinoamericano con mayor población campesina. Según indica la Encuesta Permanente de Hogares (08-2005), el 42% de la población paraguaya -5.837.253 habitantes- vive en zonas rurales. El mismo indicador señala que el 15,5% de la población de ese país vive en condiciones de pobreza extrema, es decir con ingresos inferiores a la canasta básica, y que son alrededor de 130.000 las familias que no poseen una parcela de tierra cultivable. Por el otro lado, el ultimo censo agropecuario (Dgeec, Dirección general de Encuestas y Censos) señala que el 1% de los propietarios terratenientes concentran el 77% de la tierra cultivable, mientras que el 40% de los pequeños agricultores concentran el 1% de la tierra.)(11). En este contexto, y frente a la tala indiscriminada por el avance devastador de los monocultivos de soja, es que las organizaciones campesinas comenzaron tiempo atrás un plan de lucha que consiste en la ocupación de tierras improductivas,- o sea que no cumplen su función social ni económica- en pos, sin más, de trabajarla para cubrir sus necesidades básicas. La respuesta gubernamental no se hizo esperar, pero fue la esperada. Puede traerse al caso el violento desalojo en el año 2004 efectuado en el departamento de San Pedro –con tasa de pobreza más alta después del dpto. de Caazapà(12)-, que tuvo como saldo 312 detenidos y más de una veintena de heridos. Represión que se extendió también a los actos de solidaridad, como el caso de una marcha de campesinos en le departamento de Caaguazú, en la cual la policía antimotines, dejo como saldo 46 detenidos y doce heridos por balas de goma.(13). Sin mencionar que hasta el año 2004 ya eran mas de 1500 los procesados en causas relacionadas exclusivamente a la protesta social.
Frente a esta realidad, y por todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el estado de excepción cumplió por lo menos dos funciones estratégicas –sino más- que si bien llevan implícitas la existencia de un “enemigo interno”, nada tuvieron que ver con la presencia de una guerrilla. Una de ellas fue llevarle tranquilidad a los sectores más concentrados –los que defiende- frente a un aumento del crimen organizado y la otra ensayar una nueva forma, una mas democrática, de sacar los tanques a la calle ante el escenario externo de crisis profunda que a corto plazo podría representar una amenaza fehaciente no solo para el gobierno de Lugo, sino también para sus capitalistas. Espiral que comienza con la caída de precios de sus principales comodities por la merma de la demanda internacional, resultando en una marcada reducción de ingresos fiscales, que lleva automáticamente a la restricción del crédito de las entidades financieras internacionales –por aumento de exigencias- que se traduce sin más en mayor recorte del gasto social. Esta es la antesala de la inminente repercusión que la crisis económica mundial manifestara en forma de cadena negativa de alto impacto en la economía primaria paraguaya, propiciando el escenario más temido para los explotadores, el de un nuevo levantamiento popular.
Notas
(1)-Juan Martens, abogado de CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay) .
(2)- BBC MUNDO, 17 de Mayo 2010.
(3)- Monseñor Melanio Medina, obispo de Misiones y Ñeembucú, el religioso más cercano al presidente Lugo.Periodico Ea, Asunsion, 30 – 05- 10.
(4)- (efe, 05-06-2010)
(5)- Idem anterior.
(6)- EFE, rio de Janeiro, 7 de mayo 2010, (Jose Sarney, ex presidente Brasileño, actual presidente del congreso).
(7)-
http://www.eurosur.org/rebelion/petras/eeuuimp050501.htm.
(8)- QUESTIONDIGITAL.COM, 12 de mayo 2010.
(9)-
WWW.BBC.CO.UK/mundo/america_latina/2010/05/100524_paraguay_fin_estado_excepcion_pl.shtml
(10)- CRISIS Y POBREZA RURAL EN AMERICA LATINA:EL CASO PARAGUAY. Documento de Trabajo N° 48 Programa Dinámicas Territoriales Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
(11)- Idem ant.
(12)- Idem ant.
(13)- La Nacion, 5 de Diciembre, 2004
